25 años de Tratados de Libre Comercio (TLC) en América Latina son suficientes. Con esta consigna, la Plataforma América Latina mejor sin TLC proyecta acciones este año para visibilizar los impactos de estos acuerdos en materia de consolidación del poder corporativo, privatización de los servicios públicos, (re)primarización de las estructuras productivas, aumento del precio de los medicamentos, entre otras consecuencias. “Encontramos que hay evidencia suficiente para mostrar que los efectos de estos tratados han sido directamente perjudiciales para las poblaciones en América Latina”, sostiene Luciana Ghiotto, investigadora argentina especialista en estas temáticas y coordinadora de la iniciativa.
DAWN se suma a la plataforma junto con otras organizaciones feministas para denunciar los impactos diferenciales de los TLC en las mujeres y en las personas LGBTQI+. Estas construcciones colectivas retoman el camino compartido en el marco de la cumbre de los pueblos frente a la ministerial de la OMC y contra el G20 en Argentina, durante 2017 y 2018.
La plataforma se reunió en mayo en Montevideo. Por DAWN asistió Alejandra Scampini, quien advirtió que la nueva ola de tratados de libre comercio e inversión es otra forma de avance del poder de las corporaciones por encima de los Estados. “El actual capitalismo financierizado global, del cual estos acuerdos son parte, privilegia los beneficios de las trasnacionales en detrimento, entre otras cosas, de todos los estándares salariales, laborales y de protección social, lo que afecta especialmente a las mujeres”, afirmó.
La globalización ha profundizado las desigualdades de género, y la deslocalización de la producción se apoya sobre el trabajo de las mujeres; el caso de la “moda rápida” en el sector textil ha sido un signo muy claro de estas estrategias. En relación con este proceso, Graciela Rodríguez, integrante de la Red de Género y Comercio, explica que “hay un gran número de mujeres trabajando en condiciones de mucha precariedad, y eso también ha facilitado el lucro de las empresas, que pagan salarios muy bajos debido también a las condiciones de desigualdad en los lugares donde se van implantando estas empresas”.
El proceso de globalización ha favorecido además la concentración de la riqueza y la financierización, que impacta fuertemente en las mujeres en la medida en que estas “no han tenido históricamente el acceso a los bienes de producción, y ahora ni siquiera a los bienes de propiedad y acceso al crédito”, sostiene Graciela Rodríguez. Agrega que el proceso de desindustrialización tiene un fuerte impacto sobre las mujeres, porque elimina los trabajos mejor pagos. En tanto, los procesos de privatizaciones encarecen el acceso a los servicios públicos. Esto determina que exista una recarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las mujeres que les quita tiempo para trabajar y estudiar, y por lo tanto la desigualdad se agudiza.
Por otra parte, los TLC trascienden la agenda de liberalización y abordan aspectos regulatorios, con el énfasis puesto en limitar la capacidad de los Estados de definir políticas públicas en beneficio de la población. La pérdida de soberanía que estos acuerdos conllevan implica en muchos casos que los Estados se vean impedidos de regular para evitar la concentración en la producción, para favorecer a los pequeñas y medianas empresas locales o para fijar precios de productos que garanticen su accesibilidad.
En el análisis del capítulo de Género y Comercio del TLC entre Argentina y Chile, realizado por DAWN, el Espacio de Economía feminista de la SEC y la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, se concluye que este tipo de acuerdos terminan reforzando las desigualdades de género y otorgan “un poder creciente a las empresas multinacionales, que son dirigidas por varones”.
Para Graciela Rodríguez, la mirada feminista ha ganado densidad en este tipo de espacios de lucha contra el libre comercio porque el feminismo está diciendo “muchas cosas que son muy pertinentes a lo que está sucediendo hoy” en el ámbito laboral y productivo. En ese marco ubicó a la reflexión feminista sobre el empleo informal y los trabajos de cuidados. “Las mujeres tenemos desde hace tiempo esa comprensión de los nuevos tipos de trabajo, porque mezclamos lo reproductivo con lo productivo, tenemos tiempos que se pueden intercambiar, y lo hemos vivido en la práctica. Entonces, estamos más cercanas a la realidad concreta de las personas. Creo que desde esta perspectiva, el movimiento feminista aporta a los nuevos movimientos”, considera.
Al mismo tiempo, el feminismo está mejor parado que otros movimientos a la hora de luchar contra un neoliberalismo que está “impregnando la cultura y los sentimientos”, y que ha tenido la capacidad de “cooptar la subjetividad de las personas”, afirma Graciela. “El feminismo es quizás el movimiento que está más preparado para enfrentar este tipo de debates que el neoliberalismo provoca. El feminismo siempre trabajó con los sentimientos, con las subjetividades”, advierte la integrante de la Red de Género y Comercio, que fue parte junto a DAWN y otras colectivas de la organización de los Foros Feministas contra la OMC y el G20 durante 2017 y 2018, respectivamente.
Surgimiento y proyección de la plataforma
La Plataforma América Latina mejor sin TLC surgió en el ámbito de las cumbres de los pueblos organizadas en el marco de las recientes reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires, Argentina. “Hay un acuerdo político de que la Plataforma tiene que estar en los lugares donde están las luchas concretas”, explica Luciana Ghiotto.
Para este año, se proyectan movilizaciones y otra cumbre de los pueblos en noviembre en Santiago de Chile, en ocasión de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); y también habrá acciones en diciembre, en el marco de la reunión de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), también en Chile.
Además, la plataforma buscará generar investigaciones sistemáticas para presentar evidencia y “salir a discutir la idea de que la única alternativa para los países de América Latina es el libre comercio”, anuncia Ghiotto.
La nueva coyuntura, marcada por una orientación proteccionista del gobierno de Donald Trump y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no ha debilitado la agenda del libre comercio y los intentos por reforzar el poder de las empresas transnacionales, sostiene Ghiotto. “Por más que Trump esté ahora simbolizando esta idea de que tiene que proteger la industria nacional, en realidad eso no quita que Estados Unidos tenga una agenda muy agresiva en términos globales con respecto a los derechos de sus propias empresas”, afirma la coordinadora de la plataforma. Además, otros actores globales como la Unión Europea y China impulsan con fuerza esta agenda en distintos ámbitos.
El mayor impulso liberalizador en estos momentos apunta al comercio electrónico, un asunto que interesa particularmente a la Plataforma. “Hay una iniciativa de Canadá y Singapur por lanzar una ‘carta digital’. Se sigue avanzando en la idea de generar un espacio para que las empresas del sector tecnológico puedan moverse de manera libre, y los Estados no les puedan poner requisitos de desempeño”, advierte Ghiotto. Scampini sostiene que en estos tratados, los estados del norte global y las corporaciones de plataformas digitales promueven un discurso de “empoderamiento económico de las mujeres” en los países en desarrollo, que resulta simplemente una distracción para no atender los desafíos sociales y económicos de las mujeres para alcanzar la autonomía económica y superar la brecha digital de género. Intervenir en estos debates es una manera de desafiar el modelo macroeconómico actual, reclamando justicia digital, económica y de género.
Por otra parte, los TLC trascienden la agenda de liberalización y abordan aspectos regulatorios, con el énfasis puesto en limitar la capacidad de los Estados de definir políticas públicas en beneficio de la población. La pérdida de soberanía que estos acuerdos conllevan implica en muchos casos que los Estados se vean impedidos de regular para evitar la concentración en la producción, para favorecer a los pequeñas y medianas empresas locales o para fijar precios de productos que garanticen su accesibilidad.